Campaña sucia contra algunos medios que hablan de los $80 millones
El ataque se produce en pleno escándalo por la difusión del expediente a través del cual, el Gobierno autorizó un subsidio a una fundación de la esposa del senador Adolfo Rodríguez Saá.
La semana que pasó alumbró uno de los hechos institucionales más polémicos del año, todavía no aclarado por Terrazas del Portezuelo.
Se trata del aporte de $80 millones que el gobernador Alberto Rodríguez Saá le otorgó a la Fundación “Mujeres Puntanas” de Gisela Vartalitis, esposa de su hermano y candidato a senador Nacional del Frente Unidad Justicialista.
La noticia despertó naturalmente el interés de buena parte de la prensa y de un bloque parlamentario que pidió explicaciones al Poder Ejecutivo. Ahora ocupa la atención de los principales canales de televisión y diarios nacionales.
Llamativamente algunos medios de San Luis que abordaron el tema desde un principio y lo mantienen en la agenda, se convirtieron en blanco de operaciones.
En concreto, el ataque tiene como destinatarios a elchorrillero.com, medio periodístico independiente del Gobierno y del poder político, y a otros dos portales que poseen una inequívoca línea editorial, Zbol.com.ar y el puntano.com. Estos son hasta ahora, como se ha comprobado, los que fueron afectados; pero no quiere decir que sean los únicos.
¿Cuál fue el “modus operandi”?
Se hicieron versiones falsas de los mencionados sitios y crearon páginas en la red social facebook, con el mismo nombre e identidad. Tienen un diseño que emulan al de los verdaderos.
Los portales truchos se potenciaron apenas zbol.com.ar reveló que el Gobierno provincial entregó, en tiempo récord, un aporte a la entidad para gestionar un proyecto que distribuye electrodomésticos mientras se desarrolla la campaña electoral.
En el transcurso de la semana esas páginas estuvieron reproduciendo contenidos falsos ya que adjudicaron a dirigentes opositores declaraciones y pronunciamientos que no son reales.
Quedó muy claro que las maniobras están orientadas a confundir a la opinión pública y a desprestigiar tanto a medios como a políticos.
Por lo menos se puede hacer una aproximación a partir de antecedentes del pasado reciente que están vivos en la memoria. La irrupción del ejército de trolls (usuarios de identidad entre anónima y seudónima que tiene como objetivos hostigar a otros usuarios) es contemporánea con la asunción del actual Gobierno.
Basta recordar cuando a partir de un error, un asesor oficial dejó al desnudo una campaña sucia en las redes contra elchorrillero.com. Ocurrió el sábado 15 de abril tras la publicación de una nota que daba cuenta del estado de salud de una joven madre internada en la Maternidad “Teresita Baigorria”. En esa oportunidad este medio no reflejó la grosera operación, pero sí lo hicieron otros y hubo periodistas que expresaron su malestar en público.
En los meses siguientes se dedicó un precioso tiempo a desacreditar a políticos y periodistas. Los contenidos difamatorios fueron compartidos en las redes sociales por funcionarios de todas las líneas, incluidos periodistas que forman parte del gabinete.
Ahora la embestida se materializa a través de FakePages (páginas web o de facebook con noticias falsas).
La aparición de los sitios apócrifos es un dato que se puede comprobar.
El giro de $80 millones a la fundación “Mujeres Puntanas” fue un acto del Gobierno que mereció la atención de las autoridades que tienen la misión de controlar. Es otro dato de la realidad.
Tras fracasar en el intento de conseguir respuestas a través del Poder Legislativo, es inminente la presentación de una denuncia en sede judicial por parte de legisladores opositores.
Volviendo a la embestida contra algunos portales, es evidente que sus publicaciones molestan y provocan enojo. Cada vez más se despliegan acciones de mayor envergadura y se vuelcan más recursos con la intención de neutralizarlos.
También se los ataca instalando la idea de que son sicarios de un poder oculto.
Aunque es obvio, hay que decirlo. Incomoda el ejercicio crítico y la aparición de nuevas voces. Por ahora no hay otra explicación.
A esta altura cabe preguntarse, con toda razón, qué responsabilidad tiene el Estado. La discrecionalidad por lo general provoca peligrosas tentaciones que tienen olor a delito. Se obra así cuando se sabe que la impunidad da ciertas garantías no puede cubrir con su manto conductas reprochables.